10 años de la Ley integral contra la violencia de género

El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación, por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una Ley recientemente premiada por las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria. Una Ley que ha situado a nuestro país como referente en ámbitos internacionales.

La ley integral contra la violencia contempla tres claros objetivos: apoyar a las víctimas, perseguir a los agresores y alertar a la sociedad española de la necesidad de combatirla, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice. Tiene que ir acompañada de campañas de sensibilización, prevención, información y protección efectiva para que no tengamos que seguir lamentando muertes y agresiones. Porque la Ley nos da un mensaje positivo: la violencia de género no queda impune, las víctimas no están solas.

Es evidente que la Ley debe dotarse de los recursos suficientes para su aplicación. Desde que gobierna el PP se ha reducido más del 22% la partida destinada a erradicar la violencia de género. Un retroceso inadmisible que supone para muchas mujeres volver al desamparo e inseguridad.

La violencia de género es un déficit democrático, un problema social en cuya solución debe implicarse toda la sociedad. Es fruto de la desigualdad que todavía sufren las mujeres. No se puede construir una sociedad igualitaria si hay hombres que puedan pensar que, vinculados a las relaciones afectivas está el sometimiento, el miedo y el maltrato de las mujeres.

Luchar contra la Violencia de Género, combatirla hasta que desaparezca de nuestras vidas, debe convertirse en un compromiso político y social de la máxima prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y de disfrute de libertades fundamentales.

De la violencia de género se sale. Cada día muchas mujeres lo consiguen con valentía, con su esfuerzo y precaución. Pero el Gobierno tiene la obligación de poner los medios, facilitar esa salida, abrir la puerta a la esperanza para miles de mujeres, ofrecerles soluciones. Porque las víctimas merecen que tomemos medidas que les permitan sentirse seguras y protegidas. Amparadas y defendidas.

Los datos generales de violencia de género están empeorando. Disminuyen las denuncias y las llamadas al 016, disminuyen las órdenes de protección, aumentan las mujeres que renuncian a seguir con el proceso y las retiran. Y aumenta el número de mujeres asesinadas que si habían denunciado, mujeres que habían pedido ayuda y el sistema no las ha protegido. Indignación ante un sistema que no las protegió como merecían.

La educación es un eje fundamental, imprescindible. Educar desde la escuela a vivir en igualdad y a que la violencia no debe formar parte de nuestras vidas. La coeducación, o educación en y para la igualdad de oportunidades, es una de las bases sobre las que se puede prevenir la violencia. El sistema educativo es el marco idóneo para acabar con la desigualdad. Los centros educativos deben ser espacios de libertad, igualdad, respeto y convivencia. La educación es una herramienta eficaz para abordar desigualdades. La mejor educación es la que se hace en igualdad.

La eliminación de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” por el Gobierno del PP ha supuesto un vacío importante para abordar desde las edades más tempranas la prevención en comportamientos que generan la violencia machista.

La violencia de género no es confrontación política. Debe ser un Pacto social de Estado. Porque Cuando hablamos de violencia de género hablamos de vida o muerte. Y Con la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas no se juega. Pero no queremos políticas de engaños como está realizando el Partido Popular. Queremos actuaciones y rectificaciones. Realidades. Ni un paso atrás.