La mejor forma de quererla y respetarla es abordar su reforma. Adaptar los marcos de convivencia a las necesidades del país.
El PSOE registró la semana pasada, en el Congreso, una propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, en la que iniciar con carácter inmediato un proceso de diálogo y búsqueda de los acuerdos necesarios para proceder a una reforma parcial de la Carta Magna.
Los socialistas abogamos por actualizar la Constitución mediante un nuevo pacto ciudadano, que la dote de mayor legitimidad y la prepare para afrontar los nuevos desafíos de nuestra época.
La Constitución de 1978 ha constituido un adecuado marco de convivencia para la sociedad española, y un mecanismo eficaz para el progreso y la cohesión social y territorial de España, y que ha garantizado un marco de estabilidad al servicio del desarrollo socioeconómico y de la modernización del país. Pero, cumplidos 36 años desde su entrada en vigor, es tiempo de reformarla.
Tres son los objetivos de la reforma que proponemos:
1.- Completar el sistema de derechos y libertades reconocidos por la Constitución:
- ampliando el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación.
- máximo reconocimiento y protección a derechos de contenido social de los grandes servicios públicos como son el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
- derecho ciudadano el derecho a pensiones suficientes y a un sistema de servicios sociales.
- garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad.
- y con dotación presupuestaria suficiente para hacerlos reales y efectivos para todos.
2.- Modernizar nuestra democracia:
- ampliando los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones.
- mejorando la representatividad de las Cámaras legislativas.
- eliminar privilegios injustificados, como los aforamientos.
- asegurar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones, en los partidos e incrementando los mecanismos contra la corrupción.
3.- Revisar el modelo de Estado con una perspectiva Federa:
- competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- consagrar en la Constitución principios de financiación, cooperación y lealtad institucional.
- redefinir las funciones y composición del Senado.
- reconocer las singularidades y hechos diferenciales de las Comunidades Autónomas.
